Opinión REDD+ucida: ¿alguien quiere pensar en los polígonos?
Escrito Por: Tómas Vergara. Revisado por: Daniel Dueñas.
“En general, el mercado del carbono está basado en la aplicación de los principios neoliberales a la crisis climática“
Los proyectos REDD+ -Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación- del mercado voluntario son parte de las iniciativas privadas derivadas de mecanismos internacionales como el convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En estos escenarios internacionales se ha posicionado la idea de alcanzar la carbono-neutralidad sin transformar el capitalismo, sino a través de él.
En general, el mercado del carbono está basado en la aplicación de los principios neoliberales a la crisis climática. Le asigna derechos de propiedad a diferentes segmentos del ciclo biogeoquímico del carbono: al carbono forestal, a las emisiones, a las “emisiones evitadas”, y/o a las emisiones capturadas de la atmósfera. En el enfoque de este mercado, estas se pueden, contar, poseer, y tranzar para hacer compensaciones ambientales por los atmosféricos.
En particular, los proyectos REDD+ dentro del mercado del carbono, son aquellos que “fabrican” esas emisiones evitadas causadas por la deforestación y la degradación de los ecosistemas. En ellos, los actores privados aplican metodologías para estimar las emisiones evitadas por medio de acciones de conservación, de acuerdo con la reducción de una variable hipotética y artificiosa: la deforestación esperada en un ecosistema delimitado.
Esa estimación se hace usando las tasas de deforestación históricas y analizando el comportamiento de la deforestación en áreas de referencia. A partir de estos datos modelan el carbono que se emitiría a la atmósfera si se deforesta y degrada el ecosistema, y lo cuentan en toneladas métricas de carbono.
Con el despliegue técnico de estos proyectos los ecosistemas boscosos y sus miles de hectáreas se convierten en toneladas de carbono que “no fueron” emitidas por procesos de deforestación durante periodos específicos. Con base en esta estimación del impacto de la deforestación futura, los actores privados dueños de los proyectos desarrollan supuestas acciones para reducirlo. Cada cierto tiempo, calculan cuántas emisiones se “evitaron” con sus acciones respecto a la línea de base propuesta por ellos mismos.
Esas reducciones de las emisiones por la deforestación evitada son verificadas por un tercero independiente que hace las veces de auditor -conocidos en la legislación como Organismos de Verificación y Validación (OVV)-. Posteriormente son certificadas y comienzan ahí su etapa de comercialización como una mercancía que tiene valor en el mercado del carbono.
Esas emisiones evitadas toman la forma de “certificados de reducción de emisiones” o bonos de carbono, y son vendidas a empresas que contaminan para que con ellas compensen su contaminación, ya que al comprarlas supuestamente neutralizan sus emisiones en la contabilidad climática.
En Colombia estos bonos de carbono tienen valor en el mercado en tanto que los demandan las empresas contaminantes del sector fósil (productoras de petróleo, gasolina, carbón, entre otros) quienes los presentan a la DIAN para reducir impuestos -impuesto al carbono- mediante lo que se conoce como el mecanismo de no causación del impuesto al carbono.
Este modelo de compensación de emisiones ha sido ampliamente criticado en el mundo desde la academia, las organizaciones sociales, y muchos movimientos del norte y el sur global. Desde distintas orillas, los críticos han señalado que este esquema no cuestiona la lógica de maximización de beneficios imperante en la economía actual que es la causante real de la crisis. Las críticas han permitido mostrar que este modelo:
- simplifica a un plano abstracto de carbono la complejidad ambiental
- es un mecanismo de mercado privatista, colonial, que implica el borramiento de las diversas formas de entender los ecosistemas
- carece de rigor en sus metodologías de medición y sus cálculos son fácilmente manipulables
- encarna la neoliberalización del clima, ya que se privatizan funciones ecológicas para ponerlas en el mercado.
En general, la literatura sobre el tema coincide en que REDD+ impone una lógica económica que convierte el cuidado de los bosques en un “activo climático”, que si se gestiona de forma “eficiente” en el mercado genera rentas. Para la mayoría de críticos es consenso que esta es una forma economicista, ideológica, y muy reducida de abordar el problema de la deforestación y la degradación de los bosques.
A partir de denuncias hechas por líderes comunitarios, desde el año 2022 en CEALDES venimos documentando cómo se vienen dando los proyectos REDD+ privados en Colombia, hemos acompañado a algunos procesos comunitarios que se encuentran en este momento defendiendo su territorio y sus derechos frente a estos actores privados, principalmente en la amazonia. Sobre este tema hemos elaborado informes, realizado jornadas pedagógicas comunitarias, participado y promovido foros abiertos, debates y audiencias, entre otras acciones.
Gracias a este ejercicio hemos podido conocer de primera mano los múltiples problemas que acompañan la implementación de estos proyectos: opacidad y falta de información, nulos de mecanismos de monitoreo y sanción, problemas en la participación, metodologías engañosas, falsificación de documentos y firmas, vinculación de actores armados, instrumentalización de comunidades, entre otros.
A pesar de que todos estos problemas son tremendamente relevantes, en los párrafos que siguen profundizaremos en otro hallazgo relevante: el efecto que estos proyectos generan en términos de disputas por la definición y control de áreas específicas y sus rentas climáticas.
“Cuando se dibujaron los polígonos y se definieron las áreas de los proyectos por los técnicos de las empresas, se desplegaron desde los escritorios nuevos y sofisticados cercamientos de los bienes comunes de los pueblos, repitiendo la historia de reproducción y expansión del modelo capitalista a nuevos horizontes”
Estos conflictos emergen, en gran medida, porque los proyectos implican un proceso de cercamiento de bienes comunes y la acumulación originaria*. En este caso, al igual que ocurrió con las tierras comunales hace siglos en Europa durante el surgimiento del capitalismo a partir del feudalismo, la expansión de los proyectos REDD+ y su lógica economicista y privatista le asigna derechos de propiedad a algo que no lo tenía, y que antes era colectivo: los bosques y ecosistemas tropicales titulados bajo la figura de Resguardos Indígenas y Consejos Comunitarios.
*Es el proceso histórico mediante el cual se concentra la propiedad y la riqueza (tierras, recursos, dinero, hoy incluso “recursos” como el carbono) en pocas manos, mediante la desposesión de muchos, creando las condiciones para la expansión del capitalismo.
Al desplegarse el modelo de REDD+ sobre estos territorios y sus ecosistemas, estos son fraccionados y sus límites y propiedad clarificada en polígonos que definen quién es el dueño del carbono forestal, y quien puede apropiarse de la renta que genera mantenerlo en pie.
Un análisis de este proceso desde la mirada del cercamiento de bienes comunes muestra que la conformación de los polígonos de proyectos REDD+ ha estado movida principalmente por el criterio de competencia, acaparamiento y maximización de beneficios de las empresas, más que por un afán de definir áreas prioritarias para la reducción de las tasas de deforestación, o por la intención de generar ingresos para las comunidades organizadas, legítimas y reconocidas como dueñas del territorio.
Básicamente, las empresas han intentado apropiarse de la mayor cantidad de los ecosistemas habilitados jurídicamente para este fin, que son principalmente los Resguardos y Consejos Comunitarios, o territorios campesinos con grandes áreas de ecosistemas conservados.
En este afán empresarial por el lucro, los actores económicos han dejado pistas sobre diferentes estrategias utilizadas en los proyectos REDD+ para asegurar el criterio de maximizar el lucro. Al respecto hemos visto:
- procesos de acaparamiento de tierras campesinas en áreas de conflicto armado y sin claridades sobre la titularidad de la tierra
- formulación de proyectos mediante la presunta falsificación de documentos públicos y privados
- procesos de división de resguardos en proyectos diferentes, sin su consentimiento
- procesos de agrupamiento de diferentes resguardos y pueblos indígenas en un solo proyecto, sin su consentimiento
- procesos de exclusión de los beneficios generados por el proyecto de comunidades cuyos territorios han sido vinculados sin consentimiento
En este sentido es preciso señalar que muchos de los polígonos de los proyectos actuales no siguen límites culturales, históricos, políticos o ecológicos, ni han sido debidamente definidos. De hecho, no tienen en cuenta ordenamientos ambientales previos como los Parques Nacionales Naturales, los límites departamentales, las comunidades que viven y manejan determinadas zonas de los Resguardos, ni incluso los límites de los mismos Resguardos indígenas.
Más bien, los polígonos de los proyectos que hoy operan muestran solo la avaricia de controlar la mayor cantidad de bosque en pie, por la mayor cantidad de tiempo posible, donde fuera más fácil y barato cumplir superficialmente con el requisito de participación de las comunidades locales, e incluso donde la deforestación no fuera un problema.
Hoy alrededor de veinte empresas, algunas financiadas por fondos de inversión de alto riesgo, otras con serios cuestionamientos sobre el origen de sus capitales, invierten y desarrollan proyectos REDD+ con el fin de apropiarse de las rentas que producen millones de hectáreas de decenas de pueblos indígenas, comunidades afro y campesinas.
Esta lógica económica de REDD+, que impulsa a privados a acaparar los ecosistemas más estratégicos, ha derivado en que, según el instituto SINCHI, para el 2024 estos proyectos ya ocuparan más de 19 millones de hectáreas de la amazonia, y más del 75% del área de los resguardos constituidos hoy en día.
Estos proyectos, al agrupar y/o excluir poblaciones sin reparo, y al imponer un valor económico antes inexistente e inconcebible, han generado segmentación de grupos; conflictos donde diferentes poblaciones de un mismo resguardo quieren desarrollar proyectos con diferentes empresas; conflictos entre resguardos que con la expectativa y ayuda de empresas han impulsado pretensiones de ampliación sobre bosques que antes no reclamaban; conflictos con campesinos que habitando los mismos territorios no pueden acceder al mercado por falta de titularidad de la tierra; falsas expectativas y especulación sobre la titularidad de ecosistemas boscosos; y en muchos casos, por no decir todos, conflictos internos generados por ser proyectos que generando expectativas económicas, se han impuesto sin un real consentimiento previo, libre e informado de sus pobladores. Parte de estos conflictos están comenzando a escalar ante jueces y cortes.
Cuando se dibujaron los polígonos y se definieron las áreas de los proyectos por los técnicos de las empresas, se desplegaron desde los escritorios nuevos y sofisticados cercamientos de los bienes comunes de los pueblos, repitiendo la historia de reproducción y expansión del modelo capitalista a nuevos horizontes. Algo que antes nadie le podía sacar provecho individual, que era la capacidad del bosque de absorber y mantener carbono, ahora es dividido, contabilizado, apropiado y disputado. La selva, ahora por su capacidad de almacenar carbono forestal, dejó de ser considerada un bien común dentro muchos los territorios colectivos. Fue segmentada en polígonos que dividen su carbono forestal y cuyas rentas se reparten y disputan los actores económicos. Esta forma sofisticada de cercamiento y apropiación derivó en la creación, y el simultáneo despojo, de rentas generadas por la conservación del carbono forestal.
Hoy existe una nueva capa de cartografía que reordena el territorio para su explotación, nuevas líneas sobre las selvas, que no se ven, pero que generan y profundizan tensiones y desigualdades. Quienes nos oponemos a este modelo, en el ejercicio de contrapeso que hacemos, debemos cuestionar y mirar siempre con lupa y desconfianza la legitimidad y fiabilidad de sus mapas, de sus límites y polígonos, pues en los procesos de dibujarlos, los actores económicos generaron límites artificiosos construidos por y para el capital, y no límites que se correspondan con las territorialidades que tanto defendemos.
