Textos e investigación periodística: Daniel Camilo Dueñas. Diseño: Nathali Cedeño. Edición audiograma: Marcela Maldonado.
En abril pasado, la Fundación para el Estado de Derecho (FED) interpuso una acción de nulidad simple en contra de dos artículos del Decreto 1147 de 2024. En ellos, el Ministerio de Agricultura propuso, de manera muy resumida, hacer dos cosas:
1. Permitir la constitución de Zonas de Reserva Campesina sin adelantar el proceso de sustracción de la Zona de Reserva Forestal, y
2. Permitir la eventual constitución de áreas destinadas al cumplimiento del derecho humano a la alimentación a partir de lo que definan las comunidades campesinas en los Planes de Desarrollo Sostenible de sus respectivas territorialidades.
Tan pronto como nos enteramos de este proceso, desde CEALDES empezamos a movernos para entender mejor de qué se trataba la demanda, cuáles podrían ser sus implicaciones y qué caminos jurídicos o políticos podríamos tomar. Sobre todo, nos movimos para escuchar a los compañeros y compañeras campesinos de las ZRC. Entre todos imaginamos argumentos que, desde ya, poco antes de la posesión del nuevo Gobierno, debemos tener claros, porque existe una enorme probabilidad de que tengamos que pelear, también ante los jueces, lo que tanto costó alcanzar.
Gracias a la experticia de organizaciones aliadas como el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” -CAJAR-, el Instituto de Estudios Agrarios Yamile Salinas de la Universidad Nacional de Colombia, la Clínica Jurídica de Derecho y Territorio de la Javeriana y dos organizaciones campesinas más que pueden resultar afectadas, fue posible construir colectivamente una respuesta en derecho, en calidad de coadyuvancia, que fue entregada al Consejo de Estado el pasado martes 28 de julio de 2026.
Construimos un documento cuyo sentido jurídico y legitimidad están anclados en el sentir y pensar de los compañeros y compañeras campesinos de distintos lugares del país, a quienes queremos y respetamos. No es nuestra intención esconder los presupuestos que guían el uso y la interpretación que le damos al ordenamiento jurídico. Somos conscientes de las implicaciones del modo en que entendemos y agenciamos conceptos como la dimensión ambiental del campesinado o la figura de Zona de Reserva Campesina, pues entendemos el camino histórico que tuvo que recorrer el movimiento campesino para alcanzar este logro y sabemos que el problema de ocupación campesina en Zonas de Reserva Forestal es de tal magnitud que una demanda de esta naturaleza, deliberadamente ignorante de este fenómeno, implicaría enormes consecuencias negativas en la vida de miles de personas que habitan estos territorios.
Consideramos que la visión formalista del derecho, que mal disimula posiciones políticas bajo una aparente objetividad de quien se asume como intérprete autorizado del ordenamiento, ha sido fundamental para mantener en el tiempo un conjunto de dispositivos jurídicos que han servido para excluir del acceso a derechos, representados en bienes y recursos públicos, al campesinado y a otros sujetos políticos subalternizados.
Leydi Yaneth
Es lideresa de la Zona de Reserva Campesina, La Guardiana del Chiribiquete, hace parte de la Asociación Amazonía Verde, es de origen Araucano y canta música llanera. Vive en la vereda Caño Caribe junto a su familia
Marisela Silva
Es una líder histórica de la Zona de Reserva Campesina. Hace parte de la Asociación ASCATRUI y es presidente saliente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Caño Caribe en el núcleo central de veredas de esta territorialidad. Vive en la misma vereda desde hace años, es vecina de sus padres, de algunos de sus hermanos y actualmente vive en su finca con su esposo y sus hijos.
Juan Carlos
Juancho es líder de la Zona de Reserva Campesina, La Guardiana del Chiribiquete en Calamar, Guaviare. Hace parte de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Unión al sur de esta territorialidad.
Jorge Ivan
Iván, “El Burro”, es líder de la Zona de Reserva Campesina, La Guardiana del Chiribiquete. Es fundador de la Asociación ASCARUNILLA. Vive en la vereda Puerto Nuevo, la más alejada del centro urbano de Calamar, y una de las que cuenta con mayor porcentaje de bosque de toda la territorialidad.
Oscar Tapias
Es líder de la vereda Brisas del Itilla en la zona central de la Zona de Reserva Campesina, La Guardiana del Chiribiquete. Es uno de los integrantes más antiguos de la Asociación ASCATRUI. Es bogotano y llegó hace muchos años al departamento en busca de mejores condiciones de vida. Hoy vive en su finca con su esposa e hija recién nacida.
Catalina Oviedo
Es investigadora y asociada en la Regional Amazonas Norte del Centro de Alternativas al Desarrollo. Trabaja desde hace muchos años con comunidades campesinas de la región Amazónica y tiene un conocimiento profundo de los fenómenos de ocupación en Zonas de Reserva Forestal.
Doña Sara y Juancho
Son esposos y líderes de la Zona de Reserva Campesina La Guardiana del Chiribiquete y de los Núcleos de Desarrollo Forestal y de la vereda Puerto Cubarro. Son de los habitantes antiguos de esa zona y están convencidos de que el uso forestal sostenible del bosque es la clave para mejorar la vida de los campesinos de la región.
Pablo Peña
Es Santandereano y vive en el Guaviare desde hace 35 años. Es líder de la Zona de Reserva Campesina en representación de ASOJUNTAS-Calamar y vive entre el pueblo y su finca en la vereda El Triunfo en la zona sur de la territorialidad. Su finca es de las que más tiene selva en su vereda. Se la han intentado comprar en varias ocasiones para poner pasto para las vacas de los terratenientes que aprietan desde el norte. “No venderé” me ha dicho mil veces.
La parálisis frente al fenómeno de ocupación campesina de la Zona de Reserva Forestal, sea por desidia o por formalismo, ha sido el combustible de la ampliación de la frontera agropecuaria. La irregularidad en la tenencia de la tierra en estas regiones, asegurada por su declaración como baldíos inadjudicables de la nación, es uno de los factores que explican que la frontera agrícola siga avanzando sobre bosques y selvas en distintas regiones del país.
Dice la demanda de la FED: “Si bien la garantía de la seguridad alimentaria y el reconocimiento constitucional del campesinado como sujeto de especial protección constituyen fines legítimos, su concreción debe realizarse dentro de los límites del marco constitucional”. Más allá de que, formalmente, los artículos demandados se ajustan a las reglas del ordenamiento jurídico, lo implícito en esa afirmación es un excelente ejemplo de lo que vendrá: una andanada de cuestionamientos jurídicos que, bajo un ropaje decimonónico de respeto a las “reglas del juego”, intentará echar por tierra lo construido por el movimiento campesino, que como nunca tuvo acceso a espacios de negociación que también hacen parte del derecho y de la democracia.
Esta demanda, implícitamente, reduce al sujeto campesino a un actor productivista y depredador, simplifica la complejidad histórica de su lucha —“los derechos sí, pero no así”— y sugiere que el cuidado del ambiente ha de prevalecer sobre los derechos campesinos. Podríamos detenernos ampliamente en los supuestos que sostienen esta visión del derecho, que ancla un poder de raíz colonial como fundamento de la vida social en nuestro país.
Las entrevistas que vienen a continuación complejizan esas reducciones y funcionan como un antídoto frente a ellas y frente a una posición centralista que es señalada como negativa por la FED, pero que resulta reificada mediante el uso de un formalismo que ha obstaculizado múltiples transformaciones en nuestra historia republicana.
El llamado que hacen los compañeros campesinos a la Sala del Consejo de Estado, que deberá conocer y resolver este caso, es claro: las consecuencias de una decisión de nulidad son enormes para miles de familias, para las metas de contención de la deforestación, para el respeto de los compromisos ya alcanzados con las poblaciones de estos territorios —orientados a la armonización entre derechos campesinos y cuidado de la naturaleza— e incluso para el cumplimiento de compromisos internacionales en materia ambiental.
Como se verá, fueron los propios campesinos quienes exigieron la mayor rigurosidad en la interpretación y, desde la generosidad que caracteriza a las comunidades populares, extendieron una invitación a los magistrados y magistradas del Consejo de Estado para que conozcan sus Zonas de Reserva Campesina. Y, esto lo agrego yo, son estos operadores judiciales quienes están llamados a concretar la esperanza de que el derecho sea algo más que un conjunto de reglas: un mecanismo a través del cual se abran discusiones que posibiliten transformaciones reales en la vida de las poblaciones históricamente excluidas.
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