“Yo nunca he botado un papel al piso”: ecofascismo tropical
Autores: Catalina Oviedo y Daniel Camilo Dueñas
Nota para los/as lectores/as: el texto contiene varios enlaces para profundizar, si se desea, en la mayoría de temas o ejemplos que se tratan en el argumento.
Introducción
A diferencia de lo que ha pasado con otras derechas en el mundo occidental que han desarrollado una postura de negacionismo climático en los últimos años ¹ , en Colombia tenemos una situación diferente con la llegada de Abelardo De la Espriella a la presidencia.
Lejos de negar el cambio climático, nos encontramos con un Gobierno cuyas posiciones parecen aceptar el fenómeno del cambio climático y del agotamiento de las materias primas, movilizando desde allí un discurso que termina siendo muy potente en el debate público.
Esta particularidad del caso colombiano nos da pie para proponer el uso de un concepto propuesto por el profesor español Carlos Taibo ²y con el que esperamos comprender la configuración del poder que se está dando bajo la sombrilla de una derecha con tantas aristas discursivas. Este es el concepto de “ecofascismo”.
El ecofascismo es un concepto confuso como el fenómeno que intenta nominar pues al articular el prefijo “eco”, que tiene un cariz positivo en términos generales por su cercanía a la noción de lo ecológico, y el fascismo, que tiene una connotación negativa por su cercanía a ideas como el autoritarismo, se establece una tensión entre la relación que sostienen ambos términos y que definen su potencial explicativo ³ .
Taibo propone una articulación entre una idea de fascismo del que resalta, entre otras, el peso de la autoridad, la importancia de la jerarquía social, así como la exclusión de grupos sociales frente al acceso a ciertos bienes y de una comprensión de lo “eco” que se desprende de discursos científicos que muestran la enorme gravedad del cambio climático para el futuro planetario.
Esta dualidad del concepto brinda herramientas para pensar cómo se da la conexión entre los discursos ambientales y las prácticas concretas de gobiernos y grupos de poder para la nominación, gestión y cuidado de los “recursos ambientales estratégicos” y cómo es que esta conexión da cuenta de un modo particular del ejercicio del poder en el mundo contemporáneo.
Así las cosas, este texto pretende abordar algunas de las características del ecofascismo a la luz de lo que ha venido pasando en las últimas semanas con la conformación del Gobierno del Presidente De la Espriella (en adelante ADLE). Para ello, se tomó como insumo de análisis las entrevistas y declaraciones públicas que han dado los funcionarios que llegaron al Sistema Nacional Ambiental (SINA) y distintos documentos públicos como la “Agenda ABC” en donde se expresan las ideas centrales en términos ambientales del Gobierno.
La propuesta de esta lectura crítica, permitirá construir algunos insumos conceptuales para posicionarnos frente a las acciones que vendrán en materia ambiental y que exigen una atención permanente. Por supuesto que el debate es bienvenido para discutir las potencialidades y límites de esta propuesta de lectura de lo que hemos denominado como “ecofascismo tropical”.
¹Como es el caso de Trump en EE. UU, quien en reiteradas ocasiones ha mencionado que el “cambio climático es un engaño, una estafa”o como Bolsonaro en Brasil,quien se dedicó a desprestigiar a los científicos que alertaban sobre las cifras de deforestación en su país, a negar la consecuencias de los incendios de en la amazonia brasileña y a desmantelar y debilitar la institucionalidad ambiental. También en Argentina, Javier Milei articuló una posición similar desde su llegada a la Presidencia.
²Carlos Taibo, Ecofascismo: Una introducción (Los Libros de la Catarata, 2022).
³Carlos Taibo, Ecofascismo: Una introducción, pp. 11-15.
Un ambientalismo “técnico” y moralizado
Sandra Bessudo, “la niña que nunca salió del mar”, como la llaman en los medios, es la nueva directora de Parques Nacionales Naturales (PNN) y Fabio Arjona el nuevo Ministro de Ambiente, son figuras que según La Silla Vacía, le generan tranquilidad a los ambientalistas de “izquierda y de derecha” por su capacidad pragmática de resolver y conseguir recursos económicos. Ellos serán dos de los perfiles más importantes que guiarán la cartera del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Tanto Bessudo como Arjona son expresión de un ambientalismo particular que se posiciona con el nuevo gobierno en Colombia.
La ahora directora de PNN, es por sobre todas las cosas una gran promotora del turismo de naturaleza en el país. Ha dedicado su vida al buceo y desde la fundación Malpelo, creada por ella, ha liderado el desarrollo del turismo en aquella isla, avanzando con expediciones prestigiosas de buceo cuyo costo aproximado es de 23’000.000 de pesos por persona4. Como un buen delfín en el agua, Sandra sabe nadar perfectamente en los mares del turismo, herencia de su padre Jean Claude Bessudo, quien lleva más de 50 años construyendo uno de los emporio turísticos del país, Aviatur, y quien para el año 2021 era el presidente de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia.
Para el año 2005, Aviatur era la concesionaria más grande para el desarrollo del turismo al interior de parques como el Amacayacu, Los Nevados y el Tayrona. A esta iniciativa, que ofrecía paquetes turísticos de alta comodidad y para un público internacional, se le denominó como “Plan Colombia”. Dicho nombre, utilizado también para traer al país lo que consistió en la mayor inversión bilateral en el hemisferio occidental por parte del gobierno de EE. UU. a Colombia para la lucha contra el narcotráfico.
Es bien conocido y documentado que durante este plan se llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales, hubo un auge en el paramilitarismo, fue el periodo de mayor persecución a líderes y lideresas sociales y como si fuera un bucle de nuestra historia, fue el momento con el mayor número de afectaciones sociales y ambientales como consecuencia de las aspersiones con glifosato para la erradicación de cultivos de hoja de coca. El nombre seguro hacía honor a la posibilidad de “recuperar” a Colombia.
El turismo de naturaleza en el que se avanzó durante esos años en los PNN fue tildado de “inaceptable” dado que era un turismo excluyente en áreas y terrenos públicos de la nación, y fue visto como una forma de privatización que contrariaba su función social. Es por lo que la visión de la nueva directora de Parques genera ruido con estos antecedentes pues en distintas entrevistas ha afirmado que: “Es importante proteger el medio ambiente, pero mirando el desarrollo”.
Arjona, por su parte, es un biólogo marino que se convirtió en un gran tiburón para encontrar recursos y mecanismos financieros para estructurar la agenda ambiental de diversas organizaciones, sin cuestionar si los recursos económicos vienen de explotación de hidrocarburos u otras industrias contaminantes.
Desde CEALDES ha sido de vital importancia reconocer que no existe un único ambientalismo. Aunque la mayoría de los ambientalistas 5 estamos de acuerdo con que se debe detener el cambio climático, la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad, la diferencia radica en el cómo debe construirse esta agenda política y económica. Cuando nos detenemos a observar las posiciones de actores como Bessudo y Arjona, es claro que existe una disputa alrededor de la narrativa sobre cómo debe construirse el cuidado de la naturaleza.
El ambientalismo que nos trae el gobierno de ADLE está lejos de cuestionar las causas estructurales de la actual poli crisis que atravesamos como humanidad y, por el contrario, ve en el sistema de desarrollo extractivista una fuente de recursos para generar falsas soluciones que siguen el proceso de acumulación del capital.
Lo que es llamativo de estos perfiles en carteras tan importantes del Estado, es la construcción de un discurso de la conservación con un altísimo componente moral. Allí, se presenta a la naturaleza como un bien casi sagrado e intocable, que se encuentra amenazado por múltiples actores que deben ser excluidos de su uso y disfrute. Pero la moralización da un paso adicional y agrega la idea de que a pesar de que se tienen que cuidar los activos ambientales, este cuidado no puede entorpecer el desarrollo económico de la nación.
Esta moralización hace que sea difícil disputarse la narrativa del cuidado de la naturaleza vinculada al desarrollo, debido a que a partir de las aparentes buenas intenciones de personajes como “la niña que nunca salió del mar”, se impide cuestionar el modelo de conservación estricto y de desarrollo que ha venido a implantarse en las instituciones superpoderosas del SINA.
Lo que es más grave es que a partir del “tecnicismo” y las “buenas intenciones”, se abre una peligrosa puerta para la violación de derechos humanos de grupos que van a empezar a ser señalados como “otros” (depredadores de los “activos ambientales de la nación”). Y es que el poder moral del discurso ambiental ya tiene un correlato en acciones de militarización de la conservación6.
No les quepa la menor duda de que “los empresarios del campo”, serán retratados (otra vez) como los destructores de la Amazonía, de los páramos y de las ciénagas, y serán ellos el foco de intensas acciones militares y judiciales que elevarán su vulnerabilidad y en nada transformarán las dinámicas profundas que explican las afectaciones ambientales en distintas áreas del país.
4Véase, por ejemplo, el tarifario comercial de las expediciones de buceo tipo liveaboard al Santuario de Flora y Fauna Isla Malpelo (p. ej. Be Pacific u operadores aliados de la Fundación Malpelo), cuyos planes de 9 a 11 días tienen un costo promedio de $23.000.000 a $28.000.000 COP por persona (USD 4.500–5.500 USD).
5Nosotros nos reconocemos como ambientalistas del sur dado que identificamos la profunda relación que se establece entre la naturaleza y especialmente las prácticas de los sujetos subalternizados en el sur global.
6El Ministerio de Ambiente anunció el regreso de los operativos militares en el PNN Serranía del Chiribiquete muy al estilo de la Operación Artemisa llevada a cabo en el Gobierno Duque.
¿Negacionismo del cambio climático?
En la página “Defensores de la patria” que sirvió como plataforma de campaña del Gobierno actual, se lee lo siguiente:
“(…) Abelardo De La Espriella tiene, en su visión política y personal, un pilar innegociable: el amor por la naturaleza. “Yo nunca he botado un papel, nunca he contaminado un río. Soy un tipo que ama la naturaleza” (…) En tiempos en que los discursos verdes suelen sonar impostados, él busca marcar diferencia desde lo cotidiano, desde no botar un papel en la calle hasta promover políticas de minería responsable”.
Aquí se encuentra un elemento distintivo que el profesor Taibo ha reconocido en los regímenes ecofascistas. En estos no se debate la importancia del ambiente, ni la ocurrencia del fenómeno del cambio climático como un efecto de las actividades humanas. Como queda claro en el comentario banal de “no haber botado nunca un papel en la calle”, el Presidente seguramente, como lo hacen su Ministro Arjona y su directora de PNN, reconocen el cambio climático como un hecho verificable.
De hecho, el actual Ministro Arjona, en entrevista con El Espectador, reconoció las obligaciones internacionales adoptadas durante el Gobierno Duque, en el marco de la implementación del Acuerdo de París, y afirmó que aquellas debían ser cumplidas por el Estado colombiano.
Lo interesante pasa por el modo en que se entiende el problema del cambio climático y cómo ello se traduce en medidas concretas para enfrentar la situación. Allí, es en donde se encuentra una característica central de estos regímenes: el reconocimiento de los efectos del cambio climático habilita unas intervenciones particulares en términos económicos sobre los “activos ambientales”.
En la página que citamos más arriba, “defensoresdelapatria.com”, la posición del entonces candidato en términos ambientales remata con la siguiente idea:
“De La Espriella propone un modelo pragmático: proteger el medio ambiente sin frenar el desarrollo. (…) Su mensaje queda claro, el desarrollo del país no puede estar reñido con la protección de la naturaleza. En su visión, Colombia debe crecer con respeto, demostrar que se puede generar riqueza sin hipotecar el futuro ambiental de las próximas generaciones.
En estos regímenes, el cambio climático es interpretado como una oportunidad para acceder a recursos que habiliten las acciones de cuidado del ambiente. Bajo esta perspectiva, la crisis causada por el modelo de producción capitalista es una “oportunidad de desarrollo” que está amenazada por una “histeria ambiental” que paraliza los nuevos encadenamientos productivos.
La articulación de este discurso en el que se plantea dejar en manos del mercado capitalista el cuidado de lo que este ha destruido a lo largo de tres siglos, encuentra un elemento adicional que le da más peso a esta aparente solución en el debate público. En un escenario global y local como el que atravesamos de escasez de recursos energéticos y altos precios: las oportunidades deben aprovecharse.
No cabe duda de que ante la posibilidad de un probable apagón energético, será más costoso articular ideas críticas o negativas sobre asuntos como el fracking, o la apertura de nuevos polígonos de exploración y campos de explotación de hidrocarburos y minerales. Quien lo haga, será ese “otro” reducido a “histérico ambiental”, juego de palabras usado por el Ministro en la entrevista que dio a El Espectador, que terminará siendo excluido de las conversaciones y acciones que “sí le sirven a la nación” y que abren la posibilidad de tomar decisiones peligrosas para poblaciones y ecosistemas en donde se adelanten estas actividades.
Una agenda imperial
El Secretario de Estado, Marco Rubio visitó Barranquilla en una gira que incluyó a Colombia, Perú y Ecuador (todos gobiernos alineados con la política exterior estadounidense). En ese encuentro, en el que tanto el Presidente y el Secretario bromearon y contaron anécdotas de su vida social en la ciudad en Miami, se construyó una hoja de ruta de la relación bilateral para los próximos 4 años.
Uno de los puntos de los “Acuerdos de Barranquilla”, que sobrepasó los usuales lugares de conversación entre ambos países en el pasado reciente (seguridad y narcotráfico), fue la discusión sobre la explotación de minerales estratégicos en Colombia que son de alta demanda en los procesos industriales de vanguardia.
Según información que fue replicada por medios de comunicación, el acuerdo en este punto favorece los intereses de los EE. UU. en la cadena de suministro de tierras raras y otros 17 elementos químicos como el litio y el tungsteno para que puedan ser eventualmente explotados en Colombia. El acuerdo, que en este momento es una carta de intenciones, deja claro que será el Gobierno norteamericano quien tendrá preferencia por sobre los intereses de países como China.
En concreto, lo que puede identificarse es una articulación entre una necesidad de los EE.UU. para el suministro de unos bienes primarios y una posición ambiental que, como hemos visto, no cierra la discusión sobre la explotación de minerales.
Los Acuerdos de Barranquilla muestran otra parte del cómo funciona el poder de este ecofascismo tropical, esta vez relacionado con la geopolítica global. Los minerales críticos para procesos industriales tecnológicos e incluso para la producción de insumos necesarios para las energías “limpias”, en un escenario mundial de escasez energética, son una oportunidad de carácter económico que sobrepondrá intereses de grandes empresas de explotación por sobre los de comunidades y sobre cualquier discusión relacionada con la soberanía y la urgencia de una mejor distribución de los ingresos y la energía en Colombia.
El Plan Patriota, que el Gobierno de ADLE propuso en Barranquilla y que reitera la articulación de ayuda militar de los Estados Unidos a Colombia, es una señal de un desplazamiento a una nueva fase de intervención imperial que puede girar no sólo alrededor de la lucha contra el narcotráfico y la explotación de estos recursos naturales, sino también, sobre el “cuidado de la naturaleza”.
En este escenario, el otro de nuevo narrado como el histérico ambiental, o como el campesino depredador, el indio o el afro que impiden el progreso con la infinita Consulta Previa, serán también los obstáculos y las amenazas de la estabilidad para el hemisferio occidental. Las desposesiones que hasta este punto han acompañado la historia de la hegemonía norteamericana en las américas, hoy encuentran con estos aliados ambientalistas, un nuevo nicho, un nuevo lugar para articular las viejas y siempre poderosas imágenes de los enemigos de siempre: la chusma indomable.
La propaganda
Las acciones de regímenes ecofascistas se apalancan en una enorme infraestructura comunicativa que ya puede verse en los medios de comunicación oficiales y oficialistas en Colombia. En estas piezas se vende un supuesto ambientalismo que le da seguridad tanto a la “derecha como a la izquierda” por su alta elaboración técnica y su altísimo contenido moral. Un buen ejemplo de esto último fue la liberación del caimán llanero por parte de Arjona y Bessudo en las últimas semana.
Lo cierto es que más allá de las risas que muchas de estas imágenes puedan generar por lo absurdo de los mensajes, no se debe olvidar que la comunicación pública es un dispositivo fundamental para legitimar acciones coercitivas y de exclusión de ciertas poblaciones. Esto se logra gracias a la precarización del debate público a través de la emisión incesante de imágenes performadas por personajes que abrazan el “tecnicismo” o la moralidad relacionada al rescate de la naturaleza.
De nuevo, podríamos hablar de la liberación del caimán llanero, o podríamos mencionar la posición del nuevo Ministro con respecto al control de la población de hipopótamos en el río Magdalena, para mostrar lo performativo de estos mensajes. Arjona y Bessudo se convierten en personajes a través de los cuales se instala una imagen que por más ambigüa o contradictoria7, es útil al proyecto ecofascista.
El punto es darles a las masas mensajes simples y digeribles. Ministros bien educados hablando en público con elocuencia y Directoras de Parques que toman en sus manos a animales en peligro de extinción para devolverlos al río al que pertenecen, son muestra clara de la intención performativa del mensaje.
Lo que logra la propaganda es borrar los intereses de poder que se esconden tras soluciones que se apalancan en el miedo que puede generar un apagón energético o el temor que sigue produciendo la noción de “atraso” en América Latina. Si a esto se suma la apertura ya demostrada del nuevo Gobierno al uso de redes sociales y de la IA, así como de las medidas que han sido tomadas en las últimas semanas en los grandes conglomerados de comunicación con la salida de periodistas de algunos programas, la idea de una infraestructura comunicativa que apalancará este tipo de mensajes cobra relevancia y plantea enormes peligros para la democracia de nuestro país.
El peligro inmediato es el uso que muy seguramente se le dará a la propaganda para señalar como nunca antes a los enemigos de los tiburones, caimanes, hipopótamos, del bosque y las selvas, del desarrollo y el progreso. El camino nos está conduciendo a un lugar en que las posiciones políticas que llamen la atención sobre las enormes simplificaciones y absurdos que tiene este ambientalismo procapitalista, serán reducidas y llevadas a la representación de histeria ambiental, a ser enemigos de “la patria milagro”.
7 Como puede serlo la de no hacer control poblacional de los hipopótamos de río Magdalena o de hacer fracking a contracorriente de recomendaciones basadas en la ciencia.
Militarización: violación de derechos a nombre de la conservación
El Gobierno de Ivan Duque con el desarrollo de la Operación Mayor Artemisa durante los años 2019 y 2022, nos dio a conocer cómo en nombre de la conservación se podrían violar derechos humanos. Para esa época, se realizaron 19 operaciones concentradas mayoritariamente en la amazonia, con un foco especial en las áreas de amortiguación de Los PNN o dentro de ellos.
Artemisa dejó como resultado la captura de 116 personas, la destrucción de 53 construcciones, el desmonte de 23 tramos de vías ilegales y 10 puentes dentro de áreas protegidas, la incautación de 34 motosierras, 18 guadañas, 13 hierros de marcaje para ganado, 29 armas y siete vehículos8.
Ustedes se preguntarán ¿qué tiene de malo hacer operativos militares para perseguir delitos ambientales como la deforestación? La respuesta tiene que ver con dos factores: la primera es que la mayor parte de la militarización está asociada a enfoques de estigmatización y criminalización hacia ciertas poblaciones, mayoritariamente vulnerables lo que abre una gran ventana para la violación de derechos humanos y, la segunda, es que se ha demostrado que la militarización NO detiene la deforestación por lo menos no en la amazonia.
Los proyectos fascistas se han servido históricamente de las maquinarias represivo- militares del Estado para salvaguardar los intereses de una minoría, alejándose de procesos de diálogo social. La militarización de áreas protegidas y áreas de alta importancia ambiental puede ser comprendida como una práctica que desarrolla esta premisa de los gobiernos fascistas.
Lo que se sabe es que esta forma de intervención y gestión profundiza desigualdades dado que determinan el uso, acceso y control de los recursos y quiénes son permitidos en las áreas protegidas sin ningún tipo de participación ciudadana. Como consecuencia, se crean sujetos autorizados para hablar de estos espacios, en su mayoría expertos técnicos, y a su vez, se crean sujetos destructores como: campesinos, mujeres pobres, entre otros9.
Lo particular es que las decisiones de militarización están asociadas a mantener o garantizar la conservación de las áreas para el mercado, sea este el mercado de carbono o el turismo excluyente que mencionamos anteriormente. En este sentido, la militarización ahonda en un proyecto excluyente de poblaciones en función de los intereses de una minoría con poder económico y político.
El Estado colombiano ha generado una estructura institucional que profundiza la problemática de exclusión, estigmatización y criminalización de sujetos vulnerables. Esta se convertirá en la base sobre la cual el nuevo Gobierno apalancará sus acciones para detener fenómenos como la deforestación.
Esa disposición institucional hacia la estigmatización y criminalización se ha construido a partir de la declaración de la naturaleza como activo estratégico de la nación, mediante la Ley 1955 del 2019 la cual adoptó el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Duque. Allí, en su artículo 9, se crea el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (CONALDEF) y otros crímenes ambientales asociados. El CONALDEF es un espacio interinstitucional que tiene por vocación la investigación de crímenes ambientales.
A lo anterior se le suman los avances que el legislativo tuvo en el año 2021 cuando actualizó la Ley de delitos ambientales, Ley 2111 con la cual se crean nuevos tipos penales como la deforestación a partir de una hectárea continua o discontinua, el aprovechamiento ilícito de recursos naturales, la invasión de área protegida y la apropiación ilegal de baldíos.
Desde CEALDES no estamos en desacuerdo con la conservación y, a pesar de que cuestionamos el enfoque de criminalización en la política ambiental, creemos que se debe investigar a fondo quiénes son los mayores financiadores de la deforestación de la amazonia. Sin embargo, como ya lo han demostrado diversos estudios, la militarización y el enfoque criminal solo afecta a sujetos altamente vulnerables.
Como lo señaló Vélez (2021) a dos años del lanzamiento de la Operación Artemisa “no ha dado resultados con los responsables y grandes financiadores de la deforestación, por el contrario lo que ha generado gran desconfianza en las comunidades rurales que más podrían ayudar para frenar la pérdida de bosque”.10
Según Cuestión Pública, Artemisa costó más de 3.400 millones de pesos (700 000 dólares) y solo cubrió el equivalente a 3% del área deforestada del 2019 al 2021. Además de sus pésimos resultados en la detención de la deforestación la operación tuvo innumerables denuncias de violación de derechos humanos relacionados con daños a la salud mental de las poblaciones, afectación a la infraestructura de vivendas de familias campesinas y cuestionamientos sobre 24 procedimientos penales de las personas capturadas.
De hecho, en julio de 2026, una jueza declaró inocentes a 4 campesinos que fueron capturados durante uno de los operativos Artemisa en el departamento del Meta por los delitos de invasión de áreas de especial importancia ecológica agravada, incendio agravado y aprovechamiento ilícito de los recursos naturales.11
Los campesinos salieron absueltos dado que para la jueza el Estado actuó de forma ambivalente haciéndolos creer que su presencia en el área protegida era aceptada en tanto la autoridad ambiental realizó previamente un censo de las familias y participaron en diversas actividades organizadas por el PNN, lo que demuestra que la arquitectura institucional construida a partir de la militarización y criminalización ha dejado como mayor víctima al campesinado amazónico.
Caso contrario, lo ocurrido durante el Gobierno de Gustavo Petro donde se priorizó el diálogo social en los lugares que registraban las mayores tasas de deforestación de la Amazonia, dejando como resultado desde su primer año de gobierno tendencias a la baja en este fenómeno. Según el IDEAM, durante el 2023 se registró la mayor disminución en las cifras de deforestación en la Amazonía desde que se inició el registro en el 2000.
Sí bien no se puede otorgar la disminución de la deforestación a una sola variable, debido a lo complejo que es dicho fenómeno, si comparamos los resultados entre enfoques de diálogo social y militarización, el diálogo y la construcción de acuerdos de conservación comunitarios resultan ser notoriamente más efectivos y que conllevan, incluso, a un menor gasto público. Es decir, la militarización está lejos de detener la deforestación, en cambio, si se constituye como un elemento desestabilizador social y económicamente hablando aumentando la vulnerabilidad de sujetos de especial protección constitucional como lo es el campesino.
Por el contrario, quisiéramos dejar esta pregunta ¿que pretende el gobierno anunciando que su principal y aparentemente única estrategia para contener la deforestación en el Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete será la militarización?, ¿acaso quisieran aprovechar y habilitar el turismo privado en dicho parque?, ¿acaso esperan darle implementación al proyecto RED++ desarrollado por Premian Colombia S.A.S? (Ver Mapa) ¿Acaso quieren seguir llenando sus emporios empresariales de bonos de carbono con las tierras públicas?
8Ministerio de Defensa Nacional, Artemisa: En defensa del medio ambiente 2022), https://doi.org/10.18359/docinst.6281
9Diana Ojeda, Descarbonización y despojo: Desigualdades socioambientales y las geografías del cambio climático (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2014).
10Juanita Vélez, «Deforestación en Colombia: gobierno insiste en operaciones militares sin llegar a los principales responsables», Mongabay Latam, 8 de marzo de 2021, https://es.mongabay.com/2021/03/deforestacion-colombia-insiste-en-las-operaciones militares-mientras-latitulacion-de-la-tierra-va-a-paso-lento/
11Karla Díaz, «Libres los detenidos por la Operación Artemisa», Revista RAYA, 21 de agosto de 2026, https://revistaraya.com/karla-diaz/1794-libres-los-detenidos-por-la operacion-artemisa.html
Algunas reflexiones finales sobre el ecofascismo tropical
La idea de lo tropical en el ecofascismo es un guiño a la posición privilegiada que tiene Colombia en el mundo y que expone a su población a un poder basado y legitimado como nunca antes en la protección y aprovechamiento de la naturaleza. Pero también es una referencia a lo absurdo, y acaso pintoresco, del discurso que está generando el ambientalismo que personificadas de Bessudo como se recoge en las figuras personificadas “la niña que nunca salió del mar”, el tiburón para los negocios verdes” y “el Tigre que nunca ha botado un papel en la calle”
Aunque es muy pronto, el actual Gobierno ya abraza un ambientalismo que no tiene la intención de desestabilizar a los poderes que han generado el desastre ambiental y lo ven, por el contrario, como la fórmula para asegurar el cuidado del medio ambiente sin contemplar sus costos para la vida en el planeta ni los daños en la vida de las comunidades.
La consecuencia lógica de esta aproximación será la segregación, la exclusión y la desposesión de comunidades rurales a través de medidas coercitivas que ya se asoman y que ahondarán, sin duda, los conflictos socioambientales que caracterizan a muchas de las áreas de especial importancia ambiental en nuestro país. Este gobierno transita peligrosamente por un sendero que pondrá en riesgo derechos adquiridos y que reducirá cualquier debate democrático a la lógica amigo y enemigo de la “patria milagro”.
Las coincidencias con el concepto de ecofascismo del profesor Taibo son enormes y, hacerlas explícitas nos posicionará con información y argumentos frente a acciones basadas en los estereotipos y la desconfianza. Desafortunadamente, esta práctica ha acompañado la historia política de nuestro país y hoy parece haberse desplazado a una gramática regida por una preocupación hipócrita por el cuidado de la naturaleza.
Tenemos que estar atentos y plantear preguntas que nos permitan entender el cómo de la configuración del poder que se ha venido dando en los últimos meses. Es necesario preguntarnos por la economía política del ambientalismo excluyente y procapitalista del nuevo Gobierno y, sobre todo, reiterar nuestro compromiso ideológico con las poblaciones que habitan los ecosistemas y que consideramos piedra angular de cualquier esfuerzo de conservación.
Sin diálogo la conservación no es posible; sin diálogo, le caminamos al fascismo.
Referencias:
2026b. «Estos son los detalles del acuerdo entre Colombia y EE. UU. por minerales estratégicos y energía nuclear». El Colombiano, 15 de septiembre de 2026.
Ojeda, Diana. 2014. Descarbonización y despojo: Desigualdades socioambientales y las geografías del cambio climático. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
Taibo, Carlos. 2018. Ecofascismo: Una introducción. Madrid: Los Libros de la Catarata.
