No habrá justicia ambiental sin justicia agraria: el desafío de la ICARRD+20

“La ofensiva del capital hacia los territorios, los golpes a las democracias, la extranjerización de la tierra, los mecanismos de financiarización climática que mercantilizan la naturaleza, los  procesos de ocupación y colonización no se lograron detener y hoy vivimos en carne propia estas formas de violencia” (Vía Campesina, 2025)

La Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD) se desarrollará en un contexto global marcado por una policrisis multidimensional caracterizada por la convergencia de crisis ambientales, geopolíticas, económicas y éticas. Este escenario pone en riesgo la pervivencia de la vida en el planeta y evidencia la urgencia de avanzar hacia transformaciones estructurales en la gobernanza de la tierra, los sistemas alimentarios y las relaciones sociedad-naturaleza. 

En el informe La desigualdad de la tierra en el Corazón de las sociedades desiguales, La Internacional Land Coalition señaló que actualmente el 70% de las explotaciones agrícolas más grandes del mundo están en manos del 1% de la propiedad rural, en comparación con las explotaciones de menos de 2 hectáreas, en manos del 84% de la población rural. llegamos al ICCARD con las estadísticas más preocupantes sobre acumulación de tierras. Bajo este contexto mundial, reflexionar, analizar y discutir entre Estados, academia y sociedad civil sobre reforma agraria es un camino de revitalización de la esperanza. 

No es menor que Colombia sea el país anfitrión de la ICARRD+20. El país continúa enfrentando dinámicas alarmantes de conflictividad asociadas a la tenencia, concentración y acumulación de la tierra. A esto se suma el bloqueo legislativo a la puesta en marcha de la jurisdicción agraria, instrumento fundamental para garantizar el acceso a la justicia rural y la resolución estructural de los conflictos territoriales.

La Conferencia es organizada y liderada por la FAO y se llevará a cabo del 24 al 28 de febrero en la ciudad de Cartagena de Indias. Previamente, tendrá lugar el Foro de los Pueblos y Movimientos Sociales: Unidos por la tierra, el agua, los territorios y la dignidad, que se desarrollará los días 22 y 23 del mismo mes, constituyéndose en un espacio clave de articulación política y social del movimiento campesino y agrario. Se espera que el foro previo permita generar insumos que dirijan la discusión de los días siguientes.  

 ICARRD+ 20 ha estado antecedida por dos conferencias, la primera, desarrollada en el año 1979 en Roma, que constituyó una declaración de inicio y la segunda desarrollada en el año 2006 en Porto Alegre, Brasil. Esta segunda conferencia marcó un punto de inflexión pues puso en el centro la discusión sobre la redistribución y acceso a la tierra como marco central para cerrar las brechas de desigualdad de las Naciones. Así mismo esta última conferencia logró  la aprobación de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional por parte del Consejo de la FAO, un hito que ha sido incorporado en las políticas públicas sobre tierras de diferentes países, incluyendo a Colombia. 

A pesar de que la ICARRD ha sido un escenario en el que se dan discusiones importantes en términos agrarios y en donde además se logra avanzar en cambios institucionales necesarios, los movimientos sociales han sido claros en decir que: “La ofensiva del capital hacia los territorios, los golpes a las democracias, la extranjerización de la tierra, los mecanismos de financiarización climática que mercantilizan la naturaleza, los  procesos de ocupación y colonización no se lograron detener y hoy vivimos en carne propia estas formas de violencia” (Vía Campesina, 2025), con el genocidio del pueblo Palestino, las estadisticas de acumulación de la tierra, el endurecimiento del bloqueo a Cuba y los mecanismos REDD+ que se han pasado por la faja los derechos territoriales y autonomías de los pueblos indigenas.

Los fenómenos nombrados anteriormente solo recuerdan la vigencia indiscutible de la consigna de los movimientos campesinos en el mundo: No habrá justicia ambiental sin justicia agraria, y no se podrá superar la policrisis global si no se avanza hacia una reforma agraria con contundencia. 

A pesar de las limitaciones propias de estos espacios, la ICARRD+ 20 puede ser interpretada como una oportunidad que tenemos los movimientos sociales para buscar la unidad entre el  movimiento campesino-agrario y el ambiental. Dialogar sobre los puntos que nos separan y juntarnos en los que nos unen, con la esperanza de que en el futuro podremos dejar atrás las falsas dicotomías entre sociedad y naturaleza. 

Con esto en mente, se hace imprescindible que situemos las discusiones de reforma agraria al presente de la crisis climática y con una fuerte mirada de futuro. La reforma agraria del siglo XXI debe ser una apuesta por la permanencia de la vida en la tierra basada en los principios de: 

• Redistribución de la tierra
• Acceso a la tenencia de la tierra
• Acceso a la justicia agraria 
• Acceso al uso y gobernanza de los bienes comunes naturales desde los conocimientos locales y saberes ancestrales
• Restitución y la protección de los derechos colectivos  
• Prevención de conflictos territoriales entre sujetos vulnerables 

Estos principios deben situar en el centro de las acciones que los desarrollen la realidad devastadora que la crisis climática está teniendo sobre los pequeños campesinos y las comunidades rurales. En consecuencia, se hace necesario partir de una reforma agraria que reconozca explícitamente a los sujetos que debe proteger, es decir, el campesinado, los pueblos indígenas y los pueblos negros que son, coincidentemente, los habitantes de la ruralidad más expuestos a los efectos negativos de la policrisis climática.

“Este reconocimiento parte de la premisa de dejar de ver a estos sujetos desde lo meramente productivo y empezar a abrir el espacio para que participen como lo que son: un sujeto político, intercultural y multidimensional que puede y debe ser incidente en las decisiones sobre su territorio.”

De igual manera, consideramos que estas acciones deben estar alineadas con el cumplimiento y adopción de la Declaración de Derechos Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP). No cabe duda que el centro de la reforma agraria deberá ser el reconocimiento, la protección, pervivencia y dignidad  de las comunidades que garantizan el derecho humano a la alimentación. 

Así, el reconocimiento del campesinado debe ser un punto de partida para cualquier acción de una  reforma agraria enmarcada en los principios arriba mencionados. Este reconocimiento parte de la premisa de dejar de ver a estos sujetos desde lo meramente productivo y empezar a abrir el espacio para que participen como lo que son: un sujeto político, intercultural y multidimensional que puede y debe ser incidente en las decisiones sobre su territorio.

En ese sentido, la protección de este sujeto y la restauración de su dignidad requiere garantizar que sea el propio campesinado quien tome decisiones sustantivas sobre los procesos de reforma agraria. Este proceso no puede limitarse a esquemas de participación meramente consultivos o formales; por el contrario, se hace necesario avanzar hacia mecanismos reforzados, efectivos y vinculantes de participación campesina, que aseguren su incidencia real en la formulación, implementación y seguimiento de las políticas agrarias.

Para ir finalizando, en las décadas transcurridas desde la última  ICARRD, hemos visto surgir con fuerza nuevas formas de acaparamiento de tierras, aguas y ecosistemas, lo que nos ha permitido evidenciar que muchas de las estrategias de conservación actuales son complacientes con los actores de un capitalismo voraz que perpetúa la acumulación de la tierra mediante mecanismos de financiarización climática y  mercantilización de la naturaleza. 

Por esta razón, tenemos la esperanza de que los resultados de esta  ICARRD+ 20 puedan incidir no sólo en políticas nacionales, sino, sobre todo, en estamentos multilaterales. Con esto queremos decir, por ejemplo, que los hallazgos, peticiones y avances de los movimientos sociales, la academia y los estados que se gesten en esta conferencia deben tener un anclaje con el Convenio de Diversidad Biológica y La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), con el firme propósito de aportar más elementos que permitan a las comunidades locales hacer frente a las nuevas formas de acaparamiento de tierras atadas a la mercantilización de la naturaleza. 

Finalmente, la profundización de los conflictos sobre la tierra, la crisis climática y las nuevas formas de concentración hace necesario realizar una evaluación fáctica y participativa de los avances y retrocesos que se han identificado desde el  ICARRD del 2006. Así como el avance que han tenido los países en la adopción de las Directrices Voluntarias sobre Tenencia de la tierra y la adopción de instrumentos normativos más recientes, como la DNUDPI, la UNDROP y la Recomendación General No. 34 de la CEDAW sobre los derechos de las mujeres rurales.