De las falsas equivalencias y el arrinconamiento de los derechos humanos: ensayo corto sobre las elecciones de Colombia en perspectiva global

Nota para los/as lectores/as: el texto contiene varios enlaces para profundizar, si se desea, en la mayoría de temas o ejemplos que se tratan en el argumento.

Una de las principales falacias que inundan y entorpecen peligrosamente los debates en la política contemporánea de Colombia (y del mundo) es que la sociedad se encuentra absolutamente polarizada entre dos extremos que terminan siendo iguales, en tanto que son extremos. Pero esto no es verdad; es una falsa equivalencia, pues la decisión a la que se enfrenta hoy la sociedad colombiana no es entre dos extremos iguales. Es entre un extremo que llama abiertamente a eliminar de manera violenta a quienes piensan o son diferentes, y otro lado que reivindica la defensa y el respeto a los derechos humanos, la diversidad y la naturaleza como principios éticos primordiales de la política. 

Cuando Abelardo de la Espriella, principal representante hoy de la extrema derecha en Colombia, dice que de llegar a ser presidente va a destripar a las personas de izquierda, está llamando abiertamente a asesinar o eliminar de cualquier forma a quienes piensan diferente a él -o que sean diferentes a él, porque con sus niveles de misoginia, racismo y homofobia, quizás no sean únicamente personas de izquierda las que quiera eliminar-. El otro extremo no existe en Colombia porque no hay un solo representante político de la izquierda que esté llamando a asesinar a las personas de derecha sino que, por el contrario, el principal proyecto político de izquierda en Colombia basa su discurso en el respeto a la diferencia. Y tras cuatro años del gobierno de Gustavo Petro, esta diferencia fundamental se hizo evidente en la práctica: los sectores de derecha pudieron movilizarse y protestar las veces que quisieron y no hubo un solo muerto o herido por represión estatal. Muy diferente a las decenas de asesinados por la policía que dejó el Gobierno de Iván Duque en el estallido social. No es mi intención aquí defender al gobierno de Gustavo Petro en el contenido e implementación de su programa, pues eso es parte de otra discusión, y también es cierto que en muchas ocasiones ha manejado lenguajes incendiarios que no le hacen bien a la democracia. Lo menciono únicamente para ejemplificar lo que significa la diferencia en la práctica entre dos “extremos” en los que solamente hay uno, y retomar la idea central: que la idea según la cual estamos enfrentados/as a elegir entre dos extremos iguales es una falacia soportada en una falsa equivalencia.

Esta eficaz falacia no es única de la política colombiana, pues se ha vuelto cada vez más central en muchos otros contextos para deslegitimar la defensa de los derechos humanos y, de paso, dotar de legitimidad la existencia de movimientos políticos abiertamente racistas y discriminatorios. En Europa, por ejemplo, algunos sectores políticos nos quieren hacer creer que defender las políticas que protegen los derechos fundamentales de los/as migrantes y refugiados/as es igual de radical que promover ideologías neonazis que reivindican el exterminio o, cuando menos, la expulsión de Europa de todos quienes no sean blancos. Pero no hay grupos de migrantes o partidos de izquierda que estén llamando a eliminar del mapa a la extrema derecha. No hay dos extremos que sean iguales; hay un extremo racista y supremacista blanco y otro lado que defiende los principios más básicos de humanidad para personas que huyen de sus países por la tragedia constante de la violencia, la pobreza y el cambio climático. Los resultados de vivir bajo esa falacia son varios, entre ellos: la pasividad del denominado centro socialdemócrata de Europa frente al crecimiento exponencial de los partidos nacionalistas fundamentalistas que amenazan con acabar la Unión Europea y sus políticas de integración; la criminalización de las ONGs humanitarias que intentan rescatar a los migrantes que naufragan en el Mar Mediterráneo intentando alcanzar las costas europeas, cada vez más militarizadas; la pasividad de las fuerzas policiales en ciudades como Londres y Bruselas para detener las redadas de grupos neonazis que incursionan en los barrios de migrantes a destruir y quemar casas mientras pintan esvásticas en las paredes; o la perplejidad del Partido Demócrata en Estados Unidos que no mueve un dedo para intentar impedir que el gobierno persiga a la inmensa población latina y a otros/as migrantes –incluyendo a niños/as pequeños/as– para encerrarlos en centros de concentración y luego desecharlos, emulando los tiempos de la Alemania nazi.

Eso significa, de manera figurativa, destripar a los diferentes. Y en el sentido más literal, según el ya infame diccionario de la RAE, significa ‘quitar, sacar o desgarrar las tripas (intestinos)‘. Esto recuerda las prácticas de terror más macabras de los paramilitares en Colombia  (algunos de los cuales el candidato Abelardo de la Espriella defendió como abogado y a través de quienes construyó su fortuna), como cuando en el año 2000 obligaron a la población de El Salado, Bolívar, a observar cómo jugaban un partido de fútbol con la cabeza de uno de sus vecinos decapitados. O como el exterminio sistemático de la Unión Patriótica a finales de los 80 e inicios de los 90 por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano. Esa destripada le costó a la izquierda democrática colombiana más de treinta años para recuperarse y volver a ser una opción real de alternancia en el poder, como debe ser en cualquier democracia más o menos sana, y le costó al país, además, treinta años más de violencia política. 

Si alguna vez hubo en Colombia un extremo comparable a la extrema derecha de hoy en día, fueron quizás las guerrillas comunistas que hoy ya no existen, a excepción del ELN, que de cualquier forma cada vez se parece más al resto de grupos armados criminales que existen solamente para asegurar el saqueo de nuestros bienes comunes y destripar a quienes intentan impedirlo, y quienes además contribuyeron, con el asesinato de Miguel Uribe, a la nueva radicalización de la derecha y el consiguiente ascenso de Abelardo de la Espriella. Pero no hay ninguna agrupación política de izquierda en Colombia que amenace con destripar a la derecha. Por el contrario, la candidatura de Iván Cepeda y Aída Quilcué gira principalmente en torno a mensajes de esperanza que reivindican y defienden nuestra diversidad y se fundamentan en una larga trayectoria de trabajo sistemático en defensa de los derechos humanos. Las propuestas y eventual programa de gobierno de ese proyecto político, así como el del gobierno actual, pueden gustar o no según nuestras preferencias ideológicas y visiones de país, como se supone que debe ser en el debate democrático, pero definitivamente no son, de ninguna forma, un extremo comparable a la alternativa de derecha radical que se nos ofrece. 

Al igual que en otras partes del mundo, en estas épocas turbulentas, Colombia debe defender en las urnas los derechos más fundamentales y los principios éticos y morales más básicos de humanidad, que van mucho más allá de las ideologías políticas. Las diferencias en lo político e ideológico se tramitan después (o se bloquean) en el Congreso y/o en las calles protestando, como ha ocurrido estos últimos cuatro años. Esta es una decisión de carácter moral en la que nos enfrentamos a un candidato presidencial que dice explícitamente que hay que eliminar a quienes son o piensan diferente ‘por la razón o por la fuerza’. Y hay varias razones, además, para pensar que esto no lo afirma de manera figurativa o únicamente discursiva sino que constituye más bien una promesa real: 

• De la Espriella es un personaje que se hizo millonario defendiendo como abogado a varios de los paramilitares y narcotraficantes que se encargaron en el pasado de ejercer las mismas prácticas del terror y de exterminio que él mismo pregona actualmente (incluyendo a Alex Saab, testaferro del régimen de Nicolás Maduro que tanto critica el candidato de dientes para afuera). Además, no solo defendió sus intereses, sino que además se hizo con una extensa finca de 178 hectáreas que pertenecía al comandante paramilitar ‘Barbie’ en el departamento del Cesar, uno de los epicentros históricos del despojo de tierras por parte de los paramilitares. También ha dicho, para completar, que el paramilitar Salvatore Mancuso ‘dio una lucha que hemos debido dar todos […]’. ¿Será esa la lucha que de la Espriella quiere continuar?

• De la Espriella tiene una larga trayectoria usando la persecución judicial para intimidar y censurar a decenas de periodistas que han investigado y revelado sus nexos más oscuros, una práctica que podría fácilmente reproducir con mucha más intensidad desde el gobierno. De hecho, ya ha dejado entrever que lo va hacer si es presidente, como en una entrevista con Julio Sánchez Cristo en la que, aplicando otra vez las falsas equivalencias, dijo que es necesario pensarse un periodismo que no sea ‘una militancia’ (seguramente no incluye allí a la Revista Semana que le hace campaña).

• Ha dicho que su gobierno necesitará ‘facultades extraordinarias’ para atacar el crimen y ha propuesto retirar a Colombia de la Organización de Estados Americanos-OEA, de la Organización de Naciones Unidas-ONU y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, la cual ha condenado ya en varias ocasiones al Estado colombiano por violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Esto es difícil de lograr, pero evidencia la intención de tener vía libre para perpetrar todo tipo de violaciones a los derechos humanos sin ningún control o monitoreo internacional. Aunque vale la pena recordar que hacer parte de estos organismos tampoco ha evitado los crímenes de Estado en Colombia. Una nota adicional sobre esto: los únicos países de América Latina que se han retirado de la OEA y la CIDH son Nicaragua y Venezuela.

• Su proyecto político se inspira y exalta otros modelos violatorios de los derechos humanos, como el régimen de Nayib Bukele en El Salvador, quien precisamente gobierna hace ya cinco años a través de un estado de excepción militar que subyugó a las cortes y al congreso, y que se ha encargado, según investigaciones de medios salvadoreños independientes y exiliados por la fuerza, de encarcelar sin pruebas de ningún crimen a miles de ciudadanos, entre ellos  periodistas, opositores/as y defensores/as de derechos humanos. Muchos de ellos/as han sido posteriormente asesinados/as dentro de las cárceles y enterrados/as en fosas comunes sin siquiera informar a sus familiares. De la Espriella referencia este modelo y promete crear diez megacárceles (quién sabe con qué recursos si piensa recortar el tamaño del Estado en 40%), y asegura que a ‘quien salga a protestar generando desmanes sea negro, indio o blanco, hay que darle de baja como corresponde’, todo bajo un pretendido escenario sin monitoreo de organismos como la ONU, la OEA y la CIDH, si es que logra doblegar a la Corte Constitucional primero como lo hizo Bukele.

• Como si fuera poco amenazar con destripar a la izquierda, de la Espriella se vale de su cercanía con el régimen de EEUU para amenazar a prácticamente todos/as sus líderes nacionales con la persecución judicial por parte de la justicia de ese país, usando una lista con nombres propios y acusándolos sin pruebas de ser ‘aliados de la mafia’ (¿proyección psicológica?), y de estar comprando votos para Iván Cepeda. Este punto hay que tomarlo con pinzas, porque contiene varios elementos peligrosos: Primero, casi todas las personas incluidas en la lista de amenazados son congresistas del Pacto Histórico, elegidos democráticamente. ¿Por quién más van a hacer campaña si no por el propio candidato de su partido? Pruebas de compra de votos no ofreció ninguna de la Espriella, sino que prácticamente copió y pegó la lista de congresistas del Pacto Histórico para acusarlos de ser ‘aliados de la mafia’. Añadió, además, que ‘cualquier empresario aliado de la izquierda’ hará parte de esta lista. Y hay que decir también, que el único líder político que actualmente es investigado por la justicia colombiana por presunta compra de votos, Arturo Char, está jugado con la campaña de de la Espriella. Segundo, como sabe que esto no tiene ningún tipo de fundamento judicial, la Espriella promete saltarse el sistema judicial colombiano y amenaza con gestionar la intromisión de EEUU para encarcelar, o al menos sancionar, a todas estas personas. En otras palabras, de la Espriella promete que cualquier persona importante que sea de izquierda debería ser, cuando menos, excluida del sistema financiero a través de la infame lista OFAC que el gobierno de Donald Trump utiliza con fines de persecución política en todo el mundo. No importa que sean empresarios, a quienes tanto dice defender. Esto, además, no solo evidencia la intención de la Espriella de perseguir a una eventual oposición, sino el desprecio que le tiene al sistema judicial colombiano, una característica típica de un dictador, si es que esto no estaba ya claro a través de su opaca trayectoria como abogado de narcotraficantes y paramilitares; Tercero, y a mi juicio lo más problemático, acusar de ser ‘aliados de la mafia’ sin pruebas y con nombre propio a dirigentes de izquierda en un país como Colombia es también una amenaza directa para que grupos radicales ilegales los asesinen (o los destripen). La lista publicada por de la Espriella es prácticamente igual, a excepción de la corrección ortográfica, a las listas que solían publicar los paramilitares en panfletos con nombres propios de líderes de izquierda regionales, a quienes acusaban de ser guerrilleros y ‘enemigos de la patria’ (sí, con esas palabras que otra vez suenan tan familiares). Ya sabemos lo que ocurría después.  Y ya sabemos el tipo de prácticas que se promoverían bajo un gobierno de la Espriella, pues ni siquiera ha ganado las elecciones y ya las está implementando.

• De la Espriella dice en sus discursos que todo esto es fundamentalmente una ‘guerra espiritual’ mientras sus seguidores más fanáticos ondean banderas de Israel, quizás el mayor Estado violador de los derechos humanos bajo preceptos religiosos desde la época de la Inquisición, o más recientemente, desde el Estado Islámico. Si esto es una guerra espiritual, dudo mucho que un eventual de la Espriella presidente no vaya a intentar pasar de la retórica a la práctica.

La lista de razones podría continuar, y todas ellas ofrecen suficientes elementos para pensar que el proyecto político de Abelardo de la Espriella no implica un ‘riesgo’ de violaciones de los derechos humanos y de autoritarismo, sino una promesa clara y explícita de ello. 

Hay quienes contraponen a esto, reforzando la falacia de los extremos opuestos, la iniciativa promovida por Gustavo Petro para convocar una asamblea nacional constituyente (la cual afortunadamente ya fue suspendida). Nunca estuve de acuerdo con esta iniciativa porque considero que nuestra constitución actual es lo suficientemente sólida y garantista y, además, porque sería ofrecer a la derecha radical la oportunidad de construir una nueva constitución reaccionaria y discriminatoria. Sin embargo, por muy poco que nos guste la idea, el proceso para convocar a una asamblea nacional constituyente hace parte de la misma constitución que defendemos y, como tal, de los canales institucionales que ella ofrece. En ese sentido, esa iniciativa no se equiparaba de ninguna manera a la promesa de buscar facultades extraordinarias para gobernar en una especie de estado de excepción sin observación ni vigilancia internacional de instituciones como la CIDH, la OEA o la ONU. La misma diferenciación aplica, por ejemplo, para el debate que plantea Iván Cepeda sobre la necesidad de reformar el Consejo Nacional Electoral-CNE: Contrario a información desinformante que circula en redes sociales, el CNE no organiza las elecciones ni interfiere en el conteo de votos. Entre otros asuntos, se encarga de reconocer o no la existencia de partidos políticos y de dar avales a los/as candidatos/as para participar en elecciones, una labor que muchas veces realiza de manera politizada ya que sus magistrados son miembros de los partidos políticos y son elegidos proporcionalmente a la composición del Congreso. Esto les otorga a los partidos mayoritarios la posibilidad de decidir sobre la suerte de sus opositores, como cuando a Iván Cepeda se le prohibió participar en la consulta interpartidista de la coalición de izquierda por haber participado antes en consultas internas de su partido. La idea de eliminar el carácter partidista del CNE para que sus magistrados sean elegidos de manera similar al resto de las cortes hace parte del debate político desde antes que Cepeda lo planteara y se encamina a hacer mucho más transparentes las reglas electorales. De nuevo, falsas equivalencias.   

Adicionalmente, para desestimar la realidad de que nos encontramos ante una decisión entre la defensa de los derechos humanos y un modelo que explícitamente promete su violación como estrategia de gobierno, también hay quienes argumentan que en el mismo gobierno de Petro se han continuado (o incluso aumentado) las violaciones a los derechos humanos por parte de los grupos armados criminales y que, por tanto, el proyecto de Iván Cepeda no tiene legitimidad para liderar la defensa de esos derechos. Pero esta es otra falacia subsidiaria a la falacia de los extremos opuestos, porque una cosa es la incapacidad del Estado colombiano y de un gobierno en particular para garantizar la protección de los derechos humanos frente a los grupos armados criminales y la exclusión económica (asunto además estructural y no atado a un solo gobierno) y otra muy diferente es promover la violación de esos derechos por parte del mismo Estado que se supone que debería protegerlos, o por lo menos intentarlo. Esta es la diferencia entre insistir en seguir defendiendo los derechos humanos, a pesar de lo difícil que resulta en el mundo contemporáneo, y, por el contrario, promover abiertamente su violación como política de gobierno. En otras palabras, esta es una de las diferencias entre defender los principios más básicos de la democracia y defender un modelo abiertamente fascista. 

Como ya lo dije, el posicionamiento de la falsa equivalencia entre extremos opuestos ha arrinconado a los/as defensores/as de los derechos humanos frente a un sector importante de la opinión, incluyendo en las más altas esferas de la institucionalidad internacional. Por ejemplo, Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos, fue sancionada y convertida en una especie de outcast del sistema financiero por el Gobierno de los Estados Unidos por denunciar el exterminio sistemático de la población palestina llevado a cabo por el Estado de Israel. La misma suerte han corrido varios jueces de la Corte Penal Internacional por investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel.  

La falsa equivalencia ubica eficazmente a diferentes grupos que defienden los derechos de las minorías étnicas, de las diversidades sexuales y de género, de las mujeres, a los/as defensores/as del medio ambiente, o incluso a los/as activistas por la paz, como sectores igualmente radicales y peligrosos que aquéllos que promueven discursos discriminatorios y violentos. Y esta falacia es fundamental para sostener un rasgo característico del mundo desigual en el que vivimos, el cual ha sido ampliamente estudiado y revelado por las ciencias sociales: que el machismo, la misoginia, la homofobia, el racismo, la exclusión económica y la explotación indiscriminada de la naturaleza son todas distintas ramas complementarias y codependientes del mismo sistema de desigualdad. 

Las elecciones actuales en Colombia, como viene pasando en otros lugares del mundo, están haciendo más evidente esta realidad, pues hoy las dos opciones en contienda, más allá de los partidos políticos y maquinarias electorales involucradas, son, por una lado, una coalición de defensores/as del medio ambiente, de las minorías étnicas, de las diversidades sexuales, y de las poblaciones rurales y urbanas más excluidas económicamente, como se ha visto en las multitudinarias movilizaciones por la candidatura de Iván Cepeda que surgieron tras los resultados de la primera vuelta; y por el otro lado, un proyecto político que rechaza abiertamente toda esta diversidad y promete perseguirla y someterla ‘por la razón o por la fuerza’. Si de la Espriella es elegido presidente, son esos/as defensores/as de derechos en todo el país quienes realmente estarán en riesgo de ser perseguidos/as y eliminados/as, no tanto los/as representantes nacionales de la izquierda que son protegidos por los esquemas de seguridad del Estado (aunque, como vimos con el asesinato de Miguel Uribe, también pueden fallar en cualquier momento). Esa historia de persecución ya la vivimos en el pasado con el exterminio de la Unión Patriótica y la persecución de líderes/sas campesinos/as, indígenas, ambientalistas y defensores/as de derechos humanos durante el gobierno de Álvaro Uribe. La diferencia es que el nivel de riesgo es actualmente mucho mayor, ya que ahora los gobiernos autoritarios cuentan con sofisticadas herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial para vigilar, perfilar y perseguir personas, como han revelado investigaciones de FRANCE24 y AlJazeera sobre los métodos del ICE en EEUU para perseguir migrantes, o como el uso creciente del software Palantir en ese país para vigilar masivamente a la población. Y también porque los consensos internacionales sobre los derechos humanos han sido prácticamente destruidos en años recientes, sin que haya habido ninguna consecuencia para quienes los violan sistemáticamente.  

Incluso ignorando este componente de ‘por la fuerza’ que reivindica de la Espriella y que implica la promesa explícita de ser un gobierno autoritario y violatorio de los derechos humanos, el componente de ‘por la razón’ resulta igualmente peligroso. Como señaló el antropólogo Arturo Escobar en una reciente columna de opinión titulada ‘Hijo de Tigre sale pintado’, la campaña del tigre está pintada con el discurso económico populista promovido por personajes como Javier Milei, presidente de Argentina, de reducir drásticamente el tamaño del Estado, algo que en países como Colombia resulta altamente violento y excluyente al privar de la oferta de derechos y garantías constitucionales a las poblaciones más vulnerables. Para la muestra un botón, o un ‘león’, como se hace llamar Milei y de quien de la Espriella copió gran parte de su puesta en escena. La ‘motosierra de recortes’ aplicada al estado argentino, para usar la jerga del león, ha resultado en la pérdida significativa de la protección de los derechos de los sectores más vulnerables de la población. Por ejemplo, la desfinanciación de las instituciones encargadas de proteger a las mujeres y aplicar las leyes que las protegen frente a la violencia machista ha llevado a un incremento sostenido en los índices de feminicidios en ese país. Asimismo, los drásticos recortes a otros sectores han empujado a la pobreza a profesionales de áreas fundamentales para el bienestar social, como los/as profesores/as universitarios/as y los/as médicos, y han dejado prácticamente en la calle a miles de ancianos/as pensionados/as. 

Otro caso dramático de este modelo es la drástica desfinanciación del sistema de educación pública en Argentina, que ha llevado a la mayoría de profesores a ganar salarios por debajo de la línea de pobreza y ha empujado a las universidades a la precaria situación de tener que racionar el uso de la electricidad en sus instalaciones. El libreto contra las universidades públicas es el mismo en varios países que siguen este modelo: desfinanciarlas y estigmatizarlas como centros violentos y radicales por promover el pensamiento crítico (otra vez, la falsa equivalencia operando). En Estados Unidos, por ejemplo, este ataque sistemático a la educación por parte del gobierno Trump ha generado un éxodo masivo de académicos/as hacia Europa, quienes se sienten estigmatizados/as, perseguidos/as y censurados/as. En un país como Colombia, este tipo de estigmatizaciones ya han llevado en el pasado a trágicos hechos de violencia, como el del profesor Alfredo Correa de Andreis, quien fue perfilado por el Departamento Administrativo de Seguridad-DAS del gobierno Uribe para entregar su información a los paramilitares que posteriormente lo asesinaron.

El modelo de ‘la motosierra’ al Estado contrasta con algunos avances que ha tenido el gobierno actual en medio de su desorden administrativo, como la reforma al sistema de educación superior  que logró aumentar significativamente su financiación para consolidar su gratuidad, aumentar las ofertas laborales para profesores/as de planta en todo el país y generando, por primera vez, un programa público de becas para maestrías e investigación doctoral y posdoctoral; o como la reforma pensional, todavía chilingueando en la Corte Constitucional, que busca dar un nivel mínimo de dignidad a miles de ancianos/as que no lograron su pensión. Contrasta también con el programa para reconocer la labor del cuidado que realizan las madres comunitarias, remunerándola como lo que es: trabajo. O con las relativamente exitosas políticas de formalización, restitución y distribución de tierras para las familias pobres del campo, la población más vulnerable y excluida del país. 

Estoy entrando en el terreno que prometí evitar al inicio de este escrito: discutir el contenido del gobierno Petro, sobre el cual también hay bastantes desaciertos que suelen recibir más atención que los aciertos en los medios de comunicación colombianos. Así que, dejando esto de lado, y volviendo al tema, vale la pena preguntarse, ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de un recorte tan drástico a las finanzas del Estado como el que propone de la Espriella en un país en el que el Estado apenas empieza a asomar su cara amable en las regiones más excluidas y vulnerables? ‘Por la razón’ se busca regresar a y radicalizar un modelo excluyente y desigual que, además de promover abiertamente discursos de odio, violencia y discriminación, se disfraza de lenguajes tecnocráticos en lo económico, mientras amenaza con ‘la fuerza’ para censurar, estigmatizar, perseguir, encarcelar, ‘dar de baja’ o ‘destripar’ a quienes se atrevan a oponerse. 

Una última razón para pensar que este modelo no significa únicamente un ‘riesgo o mal menor’, sino una promesa explícita de ser impuesto sobre nuestra sociedad, es que la campaña de Abelardo de la Espriella está conectada con movimientos internacionales ultraconservadores como el Foro de Madrid (liderado por el partido VOX en España que, entre otras cosas, reivindica con orgullo el pasado colonial español) y con la derecha más reaccionaria del Partido Republicano de los EEUU (a quienes de la Espriella incluso ha donado más de 95 mil dólares). Estos movimientos han venido influyendo en las elecciones  democráticas de las Américas y Europa a través de la desinformación sistemática y la manipulación de la opinión pública aprovechando su acceso privilegiado a las nuevas tecnologías de la (des)información y la inteligencia artificial, las cuales han sido desarrolladas por magnates multimillonarios que son los primeros en promover discursos reaccionarios de odio y políticas socialmente regresivas a escala global. La campaña de Abelardo de la Espriella está completamente montada sobre esta estrategia, como explica Lucas Ospina en su columna ‘El pequeño Abelardo te está mirando’. En las Américas, esta estrategia ya ha tenido éxito electoral en, por lo menos, Argentina (Milei), Brasil (Bolsonaro), Ecuador (Noboa), El Salvador (Bukele), Chile (Kast) y, por supuesto, en EEUU, que lidera esta avanzada reaccionaria e interviene abiertamente en nuestras democracias para consolidarla. En todos estos casos, las promesas de odio, violencia, exclusión y represión no se han quedado en la retórica, sino que se han vuelto realidad en la práctica, a veces ‘por la razón’ y muchas veces ‘por la fuerza’, como ya vimos con los ejemplos de Argentina, El Salvador y EEUU. 

Una operación simple pero poderosa que podemos hacer para resistirnos a esta distópica realidad es safar nuestras mentes de la eficaz falacia -convertida en verdad- de las falsas equivalencias, la cual ha venido arrinconando y deslegitimando la defensa de los derechos humanos, la dignidad, la diversidad y la naturaleza para pintarla como un acto radical y violento. Como dijo recientemente sobre el intervencionismo de EEUU en su país la presidenta de México, Claudia Sheinbaum: ‘Este debate es buenísimo, muy importante: estamos viviendo tiempos de definiciones. Hay momentos en la vida de los pueblos que, a lo mejor, se pueden pasar como ‘guacha guacha’, ni de aquí ni de allá, pero hay otros momentos en que hay que tomar definiciones”. 

Un primer paso para sacudirse de las falsas equivalencias que empantanan esta coyuntura, y a falta de debates presidenciales, sería ver o escuchar directamente entrevistas completas en diferentes medios de comunicación a ambos candidatos, teniendo en mente las reflexiones de este escrito, en lugar de consumir información casi que exclusivamente a través de pósters, memes, videoclips, audios y titulares sin contenido con los que se nos bombardea constantemente por todas las redes sociales, incluyendo las de mensajería. Para convencer a otras personas de votar en defensa de la dignidad y los derechos humanos, no es cuestión de acusar a otros/as de ser fascistas o inmorales, porque la gran mayoría de nuestros/as amigos/as, familiares y conocidos/as que piensan votar por de la Espriella, en blanco o abstenerse, lo hacen con buenas intenciones. Es cuestión de convencerlos de que la discusión no es solo sobre modelos diferentes en asuntos de políticas públicas, estilos de gobierno, corrupción o modelos económicos, sino sobre la existencia de los principios más básicos que hacen posible que tengamos dichas discusiones, y que lo que está en juego va mucho más allá de los resultados del actual gobierno, e incluso de Colombia. Más allá de los debates necesarios sobre los aciertos y desaciertos del gobierno de Gustavo Petro (donde también hay bastante tela pa’ cortar) y sus actitudes muchas veces también racistas, misóginas, anti-institucionales y erráticas  (como el burdo populismo electoral de desconocer los resultados de la votación con información engañosa, a la vez que de todas formas le giraba los recursos económicos a la Registraduría para que se realice la segunda vuelta), castigar al gobierno no puede convertirse en excusa para legitimar una propuesta de gobierno que persigue modelos ya probados en otros países y que han resultado en violaciones sistemáticas a los derechos humanos y los principios democráticos, a veces por la razón y otras veces por la fuerza. 

Pienso que no debemos ser ingenuos/as frente a la realidad a la que nos enfrentamos, porque incluso si no es en estas elecciones, es muy posible que esta avanzada reaccionaria obtenga el poder en Colombia algún día. Sería realmente una epopeya que, cuando esta peligrosa ola pierda fuerza en el mundo, Colombia haya logrado atravesarla sin participar en ella desde el gobierno. O quizás lleguemos tarde a ella, como nos suele pasar con la mayoría de las tendencias globales y regionales. Pero en cualquier de los dos casos, más vale avanzar lo más posible en el fortalecimiento y la consolidación de los derechos humanos fundamentales y de sus mecanismos de protección antes de que eso suceda. Las miles de personas movilizadas diariamente en todo el país por la candidatura de Iván Cepeda y Aída Quilcué desde que se dio la primera vuelta están al frente de esa tarea. ¿Por qué no apoyarlas con un voto? ¿Queríamos a alguien con experiencia para gobernar? Ahí tendremos en el tarjetón a quien es, quizás, una de las personas con mayor experiencia y trayectoria en el principal desafío al que nos enfrentamos en este momento: la defensa de los derechos humanos, la dignidad, la diversidad y la naturaleza como principios éticos y morales de la política y de la convivencia en sociedad. 

Finalmente, a manera de cierre, una rápida comparación sobre el talante ético y moral de ambos candidatos, porque una imagen dice más que mil palabras: Mientras Abelardo de la Espriella ha hecho su carrera y fortuna a través de la defensa legal de varios narcotraficantes y paramilitares, Iván Cepeda ha dedicado su vida a la defensa de las víctimas del conflicto armado y la búsqueda de reparaciones para ellas. El uno ha hecho su vida defendiendo a los victimarios, y el otro ha hecho la suya defendiendo a las víctimas. Y mientras de la Espriella ha sido incluso acusado por varios de los criminales que ha defendido de haberlos estafado, Cepeda, él mismo víctima de la violencia, decidió rechazar la millonaria indemnización que tuvo que ofrecerle el Estado por el asesinato de su padre y donarla a un fondo para la educación de hijos/as y descendientes de víctimas mortales de la violencia estatal. No hay falsas equivalencias que puedan borrar estas diferencias.